El Caso Que Hizo Que Una Exabogada De Ice Se Diese Cuenta De Que El Gobierno Se Estaba Fundamentando En “pruebas” Falsas Contra Los Migrantes

Laura Peña podía ver que su usuario de 36 años de edad se estaba consumiendo. Demacrado y ojeroso tras estar casi dos meses en la cárcel, Carlos se pasó los dedos por el cabello y abrió las manos para mostrarle los manojos que se le estaban cayendo. Estaba tan angustiado por el hecho de que le habían quitado a sus dos pequeños hijos en la frontera, que apenas podía charlar sin sollozar.

Después de que solicitó asilo político, los agentes fronterizos y de inmigración lo acusaron de ser miembro de la famosa pandilla MS-trece en El Salvador, un delincuente no capaz para entrar a los E.U.. No obstante, Peña lo observó y no advirtió ninguna de las marcas típicas de la pertenencia a una pandilla, los exagerados tatuajes de la MS-trece, y Carlos no tenía antecedentes penales en su país de origen. Él era el único a cargo del cuidado de su hijo de 7 años y de su hija de once. Aun había traído una carta oficial del Ministerio de Justicia de El Salvador, en la que se hacía constar que nunca había estado en la cárcel. Había algo más sobre este caso que le incordiaba a Peña, puesto que había estado acribillando a los abogados del gobierno con llamadas telefónicas y correos durante semanas, mas ellos aún no habían revelado ninguna prueba que respaldara su acusación.

A diferencia de la mayor parte de los abogados que trabajan pro bono para reunir a familias, Peña estaba familiarizada con la MS-trece por el hecho de que ella misma había solicitado la deportación de pandilleros mientras trabajaba como letrada del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE). Ella comprendía la forma en que marcha el sistema, porque había formado parte de él. Su largo y rebosante cabello rizado, que la hace lucir más joven que sus treinta y siete años, acompaña a su forma de hablar directa, que raya en categórica, forjada por los años que pasó como fiscal en las filas frontales del discute de la migración. Peña sentía empatía por las dificultades de los clientes como Carlos, cuyo apellido no se usa en este artículo para resguardarlo. Sin embargo, no estaba dispuesta a darle falsas esperanzas a ninguno de ellos. Si era pandillero, no tenía ninguna posibilidad de obtener asilo.

“Tiene que haber un error”, insistió Carlos aquel día de diciembre desde el otro lado de la rayada pared de plexiglás en la sala de visitas de la cárcel. “Por favor, ayúdeme”. Con tan solo verlo, Peña deseaba ayudarlo. No obstante, el sistema que había conocido, tan lleno de imperfecciones, se había convertido en una caja negra que ya no le era posible entender, con un conjunto siempre cambiante de reglas y políticas que daban una discreción incalculable al gobierno. Ella ni tan siquiera podía hacer que los abogados de ICE cumplieran con uno de los principios fundamentales de un sistema justo, el de proporcionar pruebas de su caso, patentiza contra la cual pudiese luchar.

Para Peña y sus colegas, los casos como el de Carlos anunciaban una nueva y alarmante era. Los sacrificios de la administración de Trump por incorporar políticas migratorias más estrictas, como la separación de las familias, dejaron a un lado años de precedentes legales. Entonces, cuando el sistema judicial respondió anulando públicamente esas políticas, la administración descubrió formas nuevas de continuarlas calladamente. Peña y sus colegas de pronto empezaron a localizar cientos de casos nuevos de separación de familias durante la frontera, los cuales comenzaron después de que la política de “cero tolerancia” aparentemente ya había terminado en el primer mes del verano de 2018. No obstante, nadie podía dar seguimiento a lo que el gobierno estaba haciendo con cada caso.

Ahora, aquí estaba Carlos, quien sencillamente parecía ser un papá agobiado por una profunda pena. Al principio, Peña había sentido escepticismo hacia él. Cuando se conocieron en noviembre de 2018, lo único que sabía era que lo consideraban una amenaza tal, que ICE y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo habían puesto en la sección de la prisión de Laredo, Texas, designada para los delincuentes violentos. Peña utilizó el entrenamiento que le dieron en ICE para examinar su historia en pos de contradicciones, de señales de que estuviese mintiendo. Su principio guía era “confía, pero verifica”. Ya había repasado con él sus antecedentes en múltiples ocasiones, como su historia de por qué había escapado de El Salvador y de su empleo como gerente del almacén de una firma de diseño arquitectónico. Había hecho que repasara su historia una y otra vez hasta quedar satisfecha.

Como letrada pro bono del conjunto legal sin fines de lucro Texas Civil Rights Project, Peña tenía una creciente pila de casos sobre su escritorio. Había pasado los últimos seis meses monitoreando los procesos de “cero tolerancia” en el tribunal, en busca de separaciones ilegales. Su misión era simplemente reunir a Carlos con sus hijos. Él tuvo más suerte que la mayoría, ya que la tenía a ella para que hiciera preguntas en su nombre. La mayoría de los migrantes arrestados en la frontera nunca ven a un abogado, y menos consiguen comprender cómo deben defenderse contra los alegatos que se presentan contra ellos. Carlos era solo una gota en un río de casos.

Sin embargo, había algo en ese caso que hizo que quisiera ahondar más. ¿Qué era lo que el gobierno no les estaba diciendo?

Peña, quien creció en Harlingen, Texas, a corta distancia de México, asistió a la escuela con amigos indocumentados y con otros amigos cuyos progenitores trabajaban para la Patrulla Fronteriza y para el Servicio de Inmigración y Naturalización. Creció sumergida en la cultura de ambos lados de la frontera. Salió de ahí en cuanto se graduó de la preparatoria, ya que logró ingresar al prestigioso Wellesley College y después consiguió empleo en el Departamento de Estado, donde se enfocó en la seguridad y los derechos humanos en Centroamérica.

Sin embargo, Peña anhelaba continuar los pasos de su padre y convertirse en abogada; con lo que asistió a la escuela nocturna de leyes en Georgetown. Tras graduarse, desesperada por conseguir experiencia en pleito, se enteró de que ICE buscaba abogados. Peña no estaba segura de estar lista para deportar a personas. La mayor parte de su familia y los pocos amigos a quienes les dijo se mostraron consternados ante esa idea. Como temía que no volviesen a dirigirle la palabra nunca, ocultó sus planes y no les notificó a sus amigos del planeta de la defensa migratoria. No obstante, su padre, quien en alguna ocasión asimismo fuera un joven abogado novato, comprendió su dilema mejor que la mayor parte. “Haz lo que debas hacer”, le recomendó. “No te preocupes con lo que puedan meditar los demás”. Uno de sus guías, quien era abogado de migración, la incitó a fin de que solicitara el empleo y tratara de hacer que ICE fuera una agencia más humanitaria desde su interior. “Necesitamos personas con tu mentalidad, que trabajen en el lado del gobierno”, le afirmó a Peña.

La contrataron en dos mil catorce y se mudó a Los Ángeles. El principio del mandato del presidente Barak Obama fue que los abogados de ICE ejercieran su discreción de procesamiento en los tribunales. Esto significaba que Peña podía examinar cada caso por sus méritos y enfocarse en deportar a criminales, otorgando al tiempo la opción de quedarse a las familias que calificaban para asilo o bien residencia legal. Dice que trató de ejercer el increíble poder que se le había concedido con justicia y una cuidadosa consideración para poder sentirse orgullosa. Sin embargo, su idealismo duró poco. Caso tras caso, agregó, fue perdiendo gradualmente la idea de que podía ser una repercusión positiva en un sistema migratorio que se hallaba en caída libre. Un día en el tribunal, le pidieron que tomara el caso de un bebé de seis meses de edad que estaba programado para deportación. En alguna parte del apabullado sistema, el caso del bebé se había separado del de su madre, quien estaba sentada en el tribunal, llorando. El juez, quien estaba furioso, dijo que ese género de desatiendo podía resultar en la deportación de un bebé de 6 meses sin su madre. Peña se sintió horrorizada y avergonzada, con lo que anudó las dos carpetitas de los casos con una liga de hule y escribió “unidad familiar” en la parte superior con una pluma roja; entonces le aseguró al juez que no los apartarían de nuevo. No era la primera vez que el sistema de cómputo de ICE la había desilusionado.

Después tuvo una audiencia en el tribunal que fue particularmente devastadora, en la que tuvo que argumentar que a una mujer africana que había sido víctima de una brutal violación y ataque a manos de la milicia de su país natal, no debería otorgársele el asilo pues tenía un documento de identificación fraudulento. Mientras que el juez ordenaba su deportación, la mujer padeció un fuerte ataque de pánico y cayó al suelo golpeándose el pecho mientras que chillaba “¡No, no!”. Peña supo que jamás podría olvidar la forma en que la mujer había levantado la mirada hacia ella, y con ojos implorantes le había rogado: “Por favor, ayúdeme”.

También hubo otros casos, y cada uno de ellos se hizo sentir, hasta que simplemente fue demasiado. En los peores días, dijo, sentía que nada de lo que había hecho, o bien de lo que podía hacer, conseguiría cambiar las cosas. Los inmigrantes llevaban siempre las de perder. La mayor parte no podía abonar un letrado. Pocos ganaban sus casos. Peña estaba participando en un sistema que se rehusaba a continuar el debido procedimiento. abogados tramites extranjeria En ocasiones se preguntaba si había ayudado a enviar a esa mujer africana a fallecer. La culpa perduraba en el fondo de su mente.

Así que renunció. Admitió un empleo corporativo que ofrecía buen sueldo en California como letrada de inmigración empresarial, ayudando a empresas a contratar a empleados extranjeros. Sin embargo, cuando las separaciones de familias llegaron a las noticias en el verano de dos mil dieciocho, sintió la necesidad de regresar a involucrarse para tratar de compensar la balanza. Conque dejó su lucrativo empleo corporativo y, a los 35 años de edad, retornó a vivir con sus progenitores en el sur de Texas. Tomó un empleo como letrada visitante con un salario modesto en TCRP, que tiene una oficina cerca de los tribunales federales de McAllen, Texas.

No había vivido en la frontera desde hacía casi veinte años. Lo que halló al retornar fue caos, defensores públicos federales abrumados que procuraban ansiosamente a los hijos de sus clientes, quienes eran procesados en los tribunales penales de conformidad con la política de “cero tolerancia” de Trump. Peña y sus colegas de la organización sin fines de lucro se pusieron a trabajar entrevistando a los padres y tratando de dar con el paradero de sus hijos que habían sido enviados a otros lugares sin documentación que permitiera conectarlos con sus familiares. Recordó al bebé de seis meses al que había representado en el proceso de expulsión. En ese tiempo, la separación de familias era poco usual. Ahora era una política oficial que no contaba con ningún plan para reunir a las familias.

A Peña le tomó más de una semana localizar a los hijos de Carlos. Los halló en un refugio del gobierno a las afueras de Corpus Christi, Texas, a 2 horas de distancia por carretera de Laredo. Pasó dos semanas auxiliares negociando con los funcionarios de ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), organismo al cargo de supervisar los cobijos para niños, a fin de que permitieran una llamada telefónica entre Carlos y sus hijos. La llamada telefónica aminoró un tanto su ansiedad, pero también fue muy angustiosa. Su hija de 11 años lloró todo el tiempo y le suplicó a Carlos que fuera por ellos. Su esposa, separada de él, quien también es indocumentada y vive en el estado de Washington, había pedido la custodia, pero ICE necesitaba realizar una verificación de antecedentes y tomarle las huellas digitales antes de permitir la liberación de los niños.

La esposa de Carlos le había enviado un mail a Peña que incluía una fotografía de Carlos con sus dos hijos, en la que todos lucían enormes sonrisas. Se veían muy felices juntos. Quizás fue la fotografía, la relación de comunicación que había desarrollado con él, o bien la acusación de pandillero que se fundamentaba en unas pruebas misteriosas (que pensaba que eran falsas), pero Peña creía que merecía otra oportunidad.

Sin esa acusación, Carlos y sus hijos probablemente habrían sido procesados como otros demandantes de asilo y habrían sido liberados con una data para presentarse en el tribunal frente a un juez, o habrían sido detenidos juntos en un refugio para familias. Pero ahora ICE podía deportarlo de manera rápida.

Ella tendría que tomar personalmente su caso de asilo, pero no podía hacerlo sola. Necesitaría persuadir a otros abogados, de firmas con sólidos medios de tipo económico, a fin de que se unieran al caso como voluntarios. abogado especialista en migración Esto asimismo implicaba que tendría que poner en riesgo su reputación, en el caso de que se confundiera con Carlos. Ese verano, afortunadamente, varias firmas de ese tipo habían ofrecido su ayuda a las pequeñas organizaciones sin fines de lucro que se hallan a la cabeza de la lucha contra la separación de familias.

Se acercaba la Navidad cuando llegó el instante de visitar a Carlos y este, consumido en su uniforme colorado de la prisión, le mostró los manojos del cabello que se le caía. Las cuatro horas de traslado conduciendo desde la casa de sus padres en Brownsville hasta la cárcel de Laredo se le estaban volviendo rutinarias. Cada vez que la vieja camioneta Nissan de su madre, que pasaba de las 150,000 millas, tironeaba y zarandeaba en la carretera, subía el volumen de la música pop en castellano para ahogar el ruido.

Ese día, Carlos era un manojo de temores, de nunca volver a ver a sus hijos, de la furia de los pandilleros en El Salvador, que habían amenazado con matar a su familia cuando no pudo cumplir con la extorsión que le exigían. Para ellos, le afirmó a Peña, había desobedecido su autoridad al huir del país, lo cual se castigaba con la muerte.

“Solo venimos a este país porque no teníamos otra opción”, notificó que le había dicho Carlos a voces para que pudiese escucharlo por medio de la barrera de plexiglás, porque los teléfonos de la cárcel se habían descompuesto de nuevo. “Amenazaron con matar a mis hijos”.

“Le creo”, le dijo Peña, presionando de manera firme la mano contra el plexiglás. “Lo que le han hecho a usted es una grave injusticia. Pero ahora estoy aquí, y voy a ayudarle”.

Sus colegas de TCRP estuvieron de manera rápida conforme en que el caso de Carlos era suficientemente aterrador como para garantizar su tiempo y recursos limitados, si conseguía convencer a una firma más grande para que les ayudara. Se habían enterado de que otras familias habían sido separadas en la frontera debido a vagos alegatos de haber participado en pandillas y querían conseguir contestaciones al igual que . Esa noche envió un SOS a un puñado de firmas más habituadas a representar a compañías del Fortune 500 y a políticos, que a padres de familia sin un centavo y detenidos en migración. En su correo anexó la fotografía de Carlos con sus hijos. Peña hizo una petición directa de ayuda. “Reunamos a esta familia antes de Navidad”, escribió. “¿Quién se unirá conmigo?”

Pasó la Navidad, y también el Año Nuevo. Durante el día, Peña creaba estrategias para el caso de Carlos, así como para otros casos de TCRP. De noche, trabajaba en la oficina de la casa de su padre en un informe en el que documentaba los cientos de separaciones de familias que ella y sus colegas habían descubierto. Muchas de las separaciones, como la de Carlos, se basaban en alegatos vagos de pertenecer a pandillas o bien en un supuesto pasado delictivo. Su única distracción era una alegre perra ovejera a la que adoptó después de que un día apareció en la puerta de la casa de sus padres. Faltaba a baby showers y a fiestas de aniversario, y buscaba pretextos para no asistir a invitaciones a cenar con una amiga que se quejaba de que bien podría haberse quedado en California.

Peña se sentía cada vez más indignada pues Carlos continuaba en la prisión sin pruebas. Para empeorar la situación, se avecinaba un cierre del gobierno, y, por ende, los abogados a cargo del caso de Carlos ya no le devolvían las llamadas.

Una firma legal corporativa, Haynes and Boone, respondió a su pedido de ayuda y se ofreció a asistir pro bono (Haynes and Boone representa a ProPublica en un caso de difamación que no está relacionado). La firma cuenta con oficinas en todo el mundo, y exactamente tiene el género de poder legal que precisaba. Un equipo de abogados se puso en acción y presentó una petición de emergencia en la que pidieron que se suspendiera la deportación de Carlos y que se reconsiderara su petición de asilo. En la petición asimismo solicitaban que se le dejara reunirse con sus hijos mientras su caso pasaba por el proceso legal. Un juez dio inmediatamente la suspensión, lo cual les permitió disponer de algo de tiempo.

Sin embargo, para ese instante el gobierno ya se había detenido, mientras que el presidente Donald Trump aducía con el Congreso sobre la construcción de un muro en la frontera. El fiscal a cargo del caso de Carlos le notificó a Peña que su protesta se iría al final de la fila mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) trabajaba en casos de urgencia, como las expropiaciones de tierras para edificar el muro. Merced al dictamen del juez, Carlos no podría ser deportado en esos días, mas debería permanecer en la prisión a lo largo del futuro inmediato.

A Peña le preocupaban los hijos de Carlos. Llevaban más de un par de meses encerrados en un cobijo, y a ella le preocupaba que día tras día auxiliar les provocara mayores traumas. Para tranquilizar a Carlos, y tranquilizarse también, condujo durante 2 horas al refugio de Driscoll, un pueblo que se encuentra cerca de Corpus Christi, para asegurarles que estaba haciendo todo lo que resulta posible por reunirlos con su papá.

En la sala de visitas, los niños emplearon los crayones, las plumas y el papel que Peña les llevó para que le hicieran unos dibujos a Carlos. Su hija lucía tristemente delgada y triste, al tiempo que su hijo trataba de poner una buena cara para evitar que su hermana llorara. Para exactamente la misma Peña fue difícil contener el lloro mientras estuvo sentada en la mesa con ellos.

“¿Por qué razón no podemos estar con papá?”, recordó que le preguntó la pequeña.

“Yo soy la abogada de tu papá, y trabajamos para sacarlo de la cárcel”, le respondió. “Hubo un malentendido cuando cruzaron la frontera”.

“Oh, pensaron que era pandillero”, dijo la pequeña con absoluta naturalidad mientras dibujaba esmeradamente en su papel.

Peña, quien no tiene hijos propios, recordó lo observadores que pueden ser. “¿Tú piensas que tu papá es pandillero?” le preguntó, observando la cara de la pequeña en busca de una reacción.

“No”, afirmó, mientras sacudía la cabeza. Entonces empezó a llorar. Peña observó que había dibujado una imagen de una familia unida, todos tomados de las manos.

“Pues tampoco lo creo”, le afirmó Peña. “Y es por eso que vamos a pelear para sacar a tu papá”.

Cuando Peña salió del refugio del gobierno, subió a la vieja camioneta de su madre que estaba en el estacionamiento, encendió el aire acondicionado y se puso a llorar.

Como tenía una orden de deportación pendiente, Carlos se había quedado sin opciones en el tribunal de migración. Peña y el equipo legal de Haynes and Boone tendrían que llevar su caso a los tribunales federales. Decidieron cuestionar la separación de Carlos de sus hijos por motivos constitucionales en Washington, D.C. Desde el momento en que se había llevado a cabo la separación de familias por órdenes de Trump, un puñado de casos se había litigado ahí por la inconstitucionalidad de las separaciones. Además de esto, un hecho fundamental era que el juez de distrito de EE. UU. Paul Friedman había ordenado que reunieran a una mujer de El Salvador, cuyos abogados decían que había sido falsamente acusada de ser pandillera, con su hijo de cuatro años. Esperaban que el juez hiciese lo mismo con Carlos.

El gobierno todavía no le dejaba a Peña repasar un documento clave, conocido como el formulario I-doscientos trece, aunque ya lo había pedido múltiples veces. Ese formulario, que es afín a un informe de la policía, mostraría las diversas bases de datos en las que se había buscado el nombre de Carlos en el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, como lo que habían encontrado. Los abogados presentaron una solicitud para ver el expediente de Carlos en nombre de la Ley de Libertad de la Información, frente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, su experiencia le señalaba a Peña que eso probablemente tardaría múltiples meses, lo que de poco les servía en esos instantes.

Presentía que la información equivocada provenía de El Salvador, mas no sabiendo específicamente de dónde, era casi imposible localizar un estudioso allá que descubriera algo útil para asistir a limpiar el nombre de Carlos.

Justamente cuando sentía que había llegado a un callejón sin salida, los padres de Carlos se ofrecieron a ayudar. A lo largo de todo el mes de enero, la pareja de ancianos recorrieron en autobús todo San Salvador, la capital, visitando una dependencia gubernativo tras otra, con poco éxito. Para finalizar, en el tribunal federal, donde se archivan los expedientes penales y las órdenes de arresto, los padres de Carlos hicieron un esencial descubrimiento: un hombre cuyo nombre era casi idéntico al de Carlos, con la misma data de nacimiento, tenía una orden de arresto pendiente por ser pandillero.

Este hallazgo fortaleció la teoría de Peña de que se trataba de un caso de identidad equivocada. Le pidió a la madre de Carlos que diese una declaración jurada de su descubrimiento frente a un letrado de El Salvador, para después presentarla como prueba en su caso.

Si el gobierno había cometido un fallo, entonces debía haber alguna manera de adecentar el nombre de Carlos. El doce de febrero, por fin consiguió obtener una pista. Como contestación a su demanda, ICE presentó una declaración jurada de Mellissa B. Harper, una funcionaria que trabaja en la dependencia que supervisa los refugios familiares. honorarios abogados extranjeria Harper dijo que había revisado “documentos y expedientes electrónicos” que revelaban que Carlos tenía una afiliación documentada con la MS-trece. “El Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. que operan en El Salvador introdujeron esta información en las bases de datos del gobierno de EE. UU.”.

Como letrada de ICE, Peña estaba familiarizada con las bases de datos que sostenía CBP, y sabía que el FBI había estado dirigiendo fuerzas de labores durante múltiples años en El Salvador, mas ¿por qué estaba el Departamento de Estado introduciendo información sobre la presunta membresía de Carlos en una pandilla? Durante el tiempo en que trabajó ahí, su área de especialidad fue América Central, mas nunca había sabido que el Departamento de Estado compartiera información con DHS para deportar a personas en la frontera.

Peña mandó correos electrónicos a los pocos contactos que aún tenía en el departamento, pero nadie le respondió. En Internet, solo consiguió encontrar descripciones escuetas. En mayo de 2017, el Buró del Departamento de Estado para Narcóticos y Temas Internacionales Relacionados con la Aplicación de la Ley . Se llamaba Conjunto Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF), y trabajaba en conjunto con DHS y con la fuerza de labores del FBI en Centroamérica.

En los expedientes públicos solo había una mención breve de las actividades del centro. En el primer mes del año de 2018, Richard H. Glenn, subsecretario de estado adjunto en funciones del buró, le notificó al Subcomité de Seguridad Nacional del Congreso que a lo largo de ocho meses en 2017, habían mandado a oficiales de policía salvadoreños a la frontera en McAllen para “ayudar al DHS y a las fuerzas de la ley estatales y locales a identificar, arrestar o negarle la entrada a pandilleros”.

Los diez oficiales de policía se volvieron una parte de un equipo permanente en El Salvador, que asimismo incluía a oficiales de migración y a 2 oficiales correccionales que trabajaban junto con los agentes estadounidenses de DHS. En menos de un año, dijo Glenn, el programa les había permitido identificar a “240 miembros de la MS-13 que eran ignotos para los oficiales de EE. UU., como a cuarenta y seis que las autoridades salvadoreñas no conocían”.

Peña se preguntó si contaban a Carlos como uno de esos miembros de la MS-trece que Glenn había mencionado en su testimonio. Ella sabía que seguramente no había forma de confirmarlo. Observó que el proyecto conduzco se había llevado a cabo en la misma estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen donde acusaron a Carlos de ser pandillero y donde lo separaron de sus hijos (CBP refirió las preguntas al Departamento de Estado. Un vocero de ese departamento no hizo comentarios concretos sobre Carlos, mas afirmó que el programa había mostrado “resultados positivos concretos y había ayudado a identificar a un total de más de 5,000 sujetos con antecedentes penales”).

Peña halló en Internet una foto de Kirstjen Nielsen, secretaria de DHS en ese instante, mientras presentaba un premio a CBP y a los oficiales salvadoreños en Washington, D.C., con una dedicatoria que decía: “En reconocimiento a los dedicados esfuerzos binacionales enfocados en compartir información para identificar a pandilleros centroamericanos que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos”.

¿Pero qué pasaba con quienes habían sido falsamente acusados?

De vuelta en Washington, Friedman fijó la fecha de la audiencia de Carlos para el 21 de febrero, mas los abogados del DOJ protestaron diciendo que el caso no era prioritario para ellos, en tanto que debían ponerse al corriente por el atraso provocado por el cierre del gobierno. Querían posponer la audiencia por lo menos hasta marzo. Proseguían rehusándose a administrar pruebas que relacionasen a Carlos con la MS-trece, y se negaban aun a hablar al respecto. Por lo menos, Peña tenía la calma de que los pequeños al fin habían sido liberados y puestos bajo la custodia de su madre.

Peña argumentó que la salud de Carlos se estaba estropeando, y que temía por su salud mental si permanecía encarcelado por más tiempo. El gobierno permitió que se llevara a cabo la audiencia el 21 de febrero.

El día de la audiencia por la mañana, el equipo de 6 abogados, incluida Peña, se reunió en la escalinata frontal del tribunal federal. Paloma Ahmadi, una joven letrada de Haynes and Boone, presentaría los argumentos del caso frente al juez junto con Peña. Peña y Ahmadi se saludaron afectuosamente, aunque era la primera vez que se reunían en persona.

Peña no había dormido mucho en las semanas anteriores a la audiencia. Una semana antes se había publicado su informe ante TCRP, en el cual documentaba los cientos de casos nuevos de separación de familias, haciendo sonar la alarma de que el gobierno continuaba apartando de forma sistemática a los hijos de sus progenitores, frecuentemente sobre inciertas pruebas que el gobierno nunca daba. En julio de dos mil diecinueve, la Unión Americana de Libertades Civiles confirmó sus descubrimientos y documentó que más de 900 progenitores y también hijos habían sido separados desde el instante en que Trump aparentemente había puesto fin a la práctica un año antes.

Ahmadi y Peña presentaron las pruebas de la inocencia de Carlos frente al tribunal: la carta certificada del Ministerio de Justicia declarando que no tenía antecedentes penales, una carta de su antiguo empleador en la que hablaba de su buena ética y la declaración jurada de la madre de Carlos sobre sus hallazgos en El Salvador.

Después de que terminaron, Friedman se dirigió a los dos abogados que representaban al gobierno. “En este punto, las pruebas presentadas por el demandante, provenientes de El Salvador, muestran que no tiene antecedentes penales ni condenas, ¿o bien me confundo?” les preguntó.

“Esas son las pruebas que ellos presentaron, sí”, respondió uno de los abogados.

“¿Impugnan eso?”, les preguntó el juez.

“No”, dijo, haciendo una pausa. “Pero lo identificaron en dos bases de datos separadas, lo cual impidió que lo alojaran en un centro residencial para familias. ... HHS tiene requisitos explícitos que afirman que la afiliación a una pandilla es un obstáculo para entregar vivienda”.

Peña se quedó perpleja frente al razonamiento del gobierno. Los abogados reconocieron que Carlos no era un criminal, pero entonces insistieron en que era pandillero por el hecho de que las bases de datos del gobierno de esta forma lo afirmaban. No obstante, se rehusaban a hablar de la naturaleza de las pruebas que contenían esas bases de datos. Peña supuso que una de las bases de datos era la que utilizaba la Patrulla Fronteriza para contrastar antecedentes. La otra tenía que ser la nueva iniciativa del Departamento de Estado para colectar información sobre pandillas. Eso producía un montón de preguntas que absolutamente nadie parecía estar dispuesto a contestar, ni tan siquiera a dejar que las hiciese. ¿El centro recogía pruebas biométricas como huellas digitales, se preguntó, o bien solo nombres que la policía salvadoreña había proporcionado? ¿Y de qué manera estaban examinando la información de la policía? Ella misma había ayudado a escribir informes cuando trabajaba para el Departamento de Estado, en los que se documentaba la corrupción y los abusos a los derechos humanos cometidos por la policía en El Salvador (ICE y DOJ no respondieron a las peticiones de comentarios. Un vocero del Departamento de Estado dijo que investigan a cada analista del centro como lo requiere la ley).

“Su señoría”, afirmó Peña, dirigiéndose al juez. “Cuando yo era abogada de ICE, siempre que teníamos pruebas en el tribunal de migración en las que se ponía en duda la precisión de la documentación, como funcionarios del tribunal teníamos la obligación de regresar y hacer nuestra debida diligencia. Lo que me sorprende de esto es que ni tan siquiera tenemos ciertas pruebas básicas”.

“¿Las pidieron por escrito?” preguntó Friedman.

“Sí, su señoría. El gobierno se rehusó a administrar ningún género de documentación”.

“Muy bien, entonces presentaremos una petición para revelar pruebas”, dijo de manera cortante.

Peña se preguntó por qué tenía siquiera que presentar una petición, siendo que el gobierno debería haber sido franco con ella y compartir las pruebas que tenían en contra de su cliente. Durante toda la audiencia, los abogados del gobierno se rehusaron a mudar su postura de que Carlos era una amenaza y tenía que ser deportado. Al final, Peña se sentía deprimida. Había llevado el caso de Carlos hasta el tribunal federal en Washington. Friedman no iba a entregarles la reunificación que habían esperado obtener. El juez razonó que esto ya había ocurrido, porque los pequeños habían sido liberados al cuidado de su madre. Y Carlos, agregó, seguramente sería deportado de cualquier forma, así que no tenía caso.

Después de la audiencia en Washington, D.C., el equipo legal se encontró en territorio ignoto. Había muy pocos precedentes legales para la reunificación en casos de separación de familias, así que tendrían que utilizar su creatividad. Peña fue a visitar a Carlos en la prisión para darle la noticia de que las cosas no habían salido tan bien como aguardaban. Ahora regresarían a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., le notificó, que tienen a su cargo los temas de asilo y ciudadanía, y solicitarían de nuevo que le hiciesen otra entrevista de temor admisible. Tendrían que ponerse a la merced del gobierno. Si obtenía un resultado positivo, podría ser puesto en libertad bajo fianza. Pero todo quedaría a discreción del gobierno. En esencia, era una tremenda apuesta. Carlos, quien a diario pasaba de la esperanza a la desesperación, le agradeció a Peña por sus esfuerzos. Ella había pasado muchas noches en candela por este caso, y ahora sentía que estaban empezando de nuevo. Su miedo era que Carlos estuviese empezando a dudar de ella y del equipo legal.

Pasaron 3 semanas más, y entonces Peña recibió una llamada. Aunque parecía increíble, el gobierno le daría a Carlos una ocasión más de pedir asilo. Unos días después, los dos participaron en una llamada en conferencia, Carlos en Laredo y Peña en su oficina de TCRP, con un oficial de asilo que se encontraba en Houston; la llamada duró tres horas y media, y en ella repasaron pasito a pasito el caso de Carlos. Al final, el oficial estuvo de acuerdo en que su petición era válida.

Ahora Carlos sería seleccionable para conseguir libertad bajo fianza, lo que quería decir que tal vez al fin podría salir de la prisión. Además, no sería deportado hasta que un juez diera un dictamen en su caso de asilo. Por fin obtendría el debido proceso legal por el que Peña había luchado tanto a lo largo de todos estos meses.

El 1 de mayo, 6 meses después de haber sido encarcelado, Carlos compareció por vídeo en un tribunal de migración prácticamente vacío en San Antonio para su audiencia de fianza. Peña, que llevaba en las manos las carpetitas llenas de las pruebas que había recolectado, se sentó enseguida de otro letrado de Haynes and Boone, frente al estrado del juez. Del otro lado se hallaba un solo letrado de ICE a quien Peña nunca había conocido.

Sintió de qué manera se iba poniendo tensa mientras valoraba al abogado de ICE y la pila de carpetas que tenía frente a él encima de la mesa.

El juez de migración le preguntó a Peña si Carlos había pasado su entrevista de miedo verosímil.

“Sí, su Señoría”, respondió.

El juez le preguntó al letrado de ICE si se oponía a dejar que Carlos saliera libre bajo fianza.

“No, su Señoría”, respondió.

Peña quedó impactada. Después de la audiencia en Washington, aguardaba que el letrado de ICE fuera igualmente difícil, mas él ni siquiera mencionó el alegato de la afiliación a pandillas. En menos de 15 minutos la audiencia había terminado y a Carlos le habían concedido una fianza de dólares americanos 7,500 dólares estadounidenses. En el pasillo afuera del tribunal, Peña le dio un abrazo al letrado de Haynes and Boone y luchó por contener las lágrimas. Estaba impaciente por ser testigo de los primeros instantes de libertad de Carlos.

Seis días después, Peña se halló con Carlos en la central de buses de Laredo; iba acompañada de su mamá, que quería conocerlo tras tantos meses en que su caso había absorbido la vida de su hija. Peña lo llevó de vuelta a Brownsville en la SUV mucho más moderna de su mamá; ahí pasó la noche en un hotel, ya antes de volar al estado de Washington para reunirse con sus hijos. En el camino, Carlos se mostró emocionado y le dio reiteradamente las gracias, pero también se dedicaron sencillamente a hablar y reír. Peña jamás había sido testigo del lado más alegre de su personalidad, que también hizo que se sintiese alegre.

Sin embargo, su ánimo de celebración degeneró una vez que el vuelo de Carlos despegó cara Washington, ya que siguió estudiando y se percató de que el centro de inteligencia sobre pandillas del Departamento de Estado se había expandido recientemente a Guatemala, México y Honduras. Además, seguía desarrollando su alcance en los USA. Ellos solo habían descubierto la información equivocada de El Salvador por el hecho de que habían llevado el caso de Carlos a los tribunales, lo cual había requerido los servicios de un equipo de abogados y había tenido un costo de más de dólares americanos 100,000 dólares. Incluso con eso, no había logrado ver las pruebas y la base de datos proseguía siendo en su mayor parte un secreto para el planeta. Con lo que sabía el nombre de Carlos continuaba en la lista, y se había dado cuenta de que la responsabilidad de persuadir a las fuerzas de la ley de sus respectivos países para que corrigieran cualquier información falsa recaía en los acusados, lo que representaba una tarea prácticamente imposible.

Se preguntaba cuántos padres más habría por ahí que eran falsamente acusados y separados de sus hijos. Estaba en una lucha constante para balancear sus preocupaciones con lo que en verdad era capaz de conseguir. Carlos aún tenía su caso de asilo pendiente y el alegato de su pertenencia a una pandilla continuaba acechando, listo para poner todo en riesgo.

Después de despedir a Carlos en el aeropuerto, Peña condujo hasta su casa. Antes que obscureciera, salió a caminar montando a caballo para intentar olvidarse a lo largo de unos instantes de si Carlos realmente lograría vivir en paz, para olvidarse de las pilas de casos que se acumulaban sobre el escritorio de su padre en casa, y de los otros que probablemente llegarían y proseguirían llegando. Se consoló con la idea de que, pese a lo que tenían en su contra, habían logrado inclinar la balanza de la justicia cara el lado de Carlos. Él había conseguido una segunda oportunidad.

Traducción por Mónica Y también. de León. Revisión en castellano por Mati Vargas-Gibson.