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[Bloque 1: #pr]
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello conforme a lo preparado en el artículo cuarenta y cinco del Estatuto de Autonomía de Aragón.
PREÁMBULO
1. Necesidad de la norma
No hay mayor desigualdad que la desigualdad frente a la Justicia.
Esta Ley tiene como objeto completar las posibilidades que se incluyen en el reconocimiento de la asistencia jurídica gratis definida en la legislación nacional con el objetivo de incluir aquellos servicios de asesoramiento y orientación jurídicos que buscan aportar un carácter universal a la Justicia.
Se trata de unos servicios que, en la configuración actual de nuestra sociedad, se han revelado precisos para que todos y cada uno de los ciudadanos, y de manera especial aquellos que carecen de recursos para litigar, puedan acceder a una asistencia y orientación jurídica anteriores al pleito en los Tribunales, sin que esta necesidad conlleve un desembolso que se presenta imposible.
Estos servicios actualmente, y desde hace muchos años, se vienen prestando por los profesionales del Derecho a través de los Institutos Profesionales de Abogados.
Con el tiempo, la Administración pública ha visto la necesidad de incorporarlos al catálogo de servicios públicos que presta, incluyéndolos en los presupuestos de la Administración para garantizar su financiación pública, mas confiando su prestación a aquellas organizaciones profesionales que tienen la capacidad más que probada para llevarlos a cabo, con todas y cada una de las garantías legales exigibles y bajo el paraguas de la deontología profesional.
El artículo veinticuatro de la Constitución de España de 1978 establece como un derecho esencial la tutela judicial efectiva. En desarrollo de esa tutela judicial eficaz fija en su artículo 119 que «La justicia va a ser gratis cuando de este modo lo disponga la Ley y, en cualquier caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar».
Este texto determina dos circunstancias posibles de gratuidad de la justicia: el primero, en cualquier caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos y, el segundo, en otra circunstancia que una norma de rango legal de este modo lo indique. Esto hace necesario asistir a una regla con rango de Ley en el momento de regular ciertos servicios que se deben incluir dentro de la gratuidad de la justicia, como los asesoramientos y orientaciones jurídicas a algunos colectivos, independientemente de su coyuntura económica.
Por otro lado, en mil novecientos ochenta y cinco se aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que en su artículo 20 señala que se regulará por Ley un sistema de justicia gratis que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar.
2. Incardinación normativa y justificación competencial
Desde que se aprobó la Constitución de España recogiendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita hasta el momento en que se aprobó una Ley que desarrollase este derecho pasaron prácticamente veinte años. Es la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratis, la que define los límites de este derecho, que incluye qué debe y qué no ha de ser considerado como parte del mismo.
De esta forma, el artículo seis de la Ley 1/1996, de diez de enero, de Asistencia jurídica Gratuita, fija el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita y declara que incluye, entre otros, el asesoramiento y orientación gratis previos al proceso a quienes pretendan demandar la tutela judicial de sus derechos e intereses, como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación o bien otros medios extrajudiciales de solución de enfrentamientos, en los casos no prohibidos de manera expresa por la Ley, cuando tengan por objeto eludir el conflicto procesal o examinar la viabilidad de la pretensión.
Es pues, dentro de ese asesoramiento y orientación jurídicos previos al proceso, cuando se tenga por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la intención, que entran en juego una serie de servicios que vienen prestando hoy en día los Institutos de Abogados de Aragón con financiación pública.
El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce en el artículo 67.4 que corresponde a la Comunidad Autónoma la ordenación y organización de los servicios de justicia gratis y orientación jurídica gratuita.
Posteriormente, el Real Decreto 1702/2007, de catorce de diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en el apartado B)1.2.e) de su anejo, incluye de manera expresa entre las funciones asumidas por la Comunidad Autónoma el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratis.
A pesar de que las competencias en materia de Administración de Justicia fueron transferidas con una financiación insuficiente y de que los avances de la Comunidad Autónoma en la mejora de esta materia suponen un esfuerzo económico esencial para los aragoneses, en virtud de nuestras competencias y siendo de forma plena siendo conscientes de la necesidad de progresar la cobertura y las garantías de la prestación de asesoramiento y orientación jurídicos, legislamos este tema, sin que ello sea impedimento para reconocer que el Estado es quien debería garantizar el pago del coste de estos servicios y, en consecuencia, que no renunciamos a demandar del Gobierno central el aumento de la financiación transferida para este fin.
Por tanto, en razón de las competencias en materia de Administración de Justicia contenidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón y traspasadas a la Comunidad Autónoma por el R. D. 1702/2007, la presente Ley pretende regular, comprendidos en el asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos, aquellos servicios que hoy en día ya se vienen prestando por los Institutos de Abogados de Aragón y que disfrutan o bien han disfrutado del reconocimiento como servicios públicos.
3. Intervención de los Institutos de Abogados
Estos servicios los vienen prestando los Colegios de Abogados, a veces desde hace más de veinte años, pese a que no siempre y en todo momento la financiación pública es suficiente ni está asegurada por un tiempo estable, ni naturalmente a consecuencia de una cobertura legal que la haga obligatoria, sino que depende de las líneas políticas prioritarias que se apliquen en todos y cada momento.
Por ello, se considera preciso dar un marco legal a esta serie de servicios que vienen prestando los Institutos de Abogados como únicos capaces de prestarlos con la adecuada garantía y solvencia profesional, dando reconocimiento a esta realidad y ofreciendo cobertura legal a unos servicios que, como queda reflejado en la Ley 1/1996, se pueden incluir en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratis.
Se trata de integrar en el derecho de asistencia jurídica gratuita una serie de servicios de asesoramiento y orientación jurídicos con la intención de dar un cierto grado de universalidad a la justicia gratuita. Estos servicios vienen siendo prestados por los Institutos de Abogados de Aragón, como Corporaciones de Derecho público que son, a veces desde hace más de veinte años, aun antes que cualquier Administración pública decidiera financiarlas por comprender que son parte de sus prioridades políticas.
Por otro lado, cuando la legislación estatal regule en la formación profesional de los graduados sociales su incorporación a la representación técnica gratuita en el ámbito de la jurisdicción social, en Aragón se considerará, consecuentemente, en la presente Ley y en su desarrollo.
4. Justificación de los servicios
Estos servicios de asesoramiento y orientación jurídicos actualmente consisten en, cuando menos, las modalidades recogidas en esta Ley, que de la manera más básica cubren las necesidades detectadas en la justicia gratuita por parte de quienes están día tras día a cargo de este servicio público, y son:
– Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica para Inmigrantes (SAOJI), que además del anclaje competencial normativo explicado en el punto anterior, también tiene su base competencial de fondo, por la materia regulada, en el artículo 75.6.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, que regula la competencia compartida en materia de integración de inmigrantes, de forma especial el establecimiento de las medidas necesarias para su conveniente integración social, laboral y económica, como la participación y colaboración con el Estado, mediante los procedimientos que se establezcan en las políticas de inmigración.
– Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a la Mujer (SAM). En este servicio, la competencia material de fondo la contempla el artículo 71.34.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón regulando la competencia exclusiva en acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atiende a aquellos colectivos necesitados de protección especial. Igualmente, el artículo setenta y uno y treinta y siete.ª del Estatuto de Autonomía contempla la competencia exclusiva en políticas de igualdad, que entienden el establecimiento de medidas de discriminación positiva, prevención y protección social ante todo género de violencia y, en especial, a la de género.
En el caso del servicio de asistencia y orientación jurídica a la mujer hay que resaltar que en este texto legal se trata de reorientar la protección a las mujeres de forma íntegra.
– Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) Tiene su base material competencial en el artículo 77.11.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge la competencia ejecutiva en cuanto al sistema penitenciario.
Finalmente, no se han incluido en el campo de esta Ley, de momento, otros posibles servicios de orientación y asesoramiento jurídicos gratis, como serían los relativos a las personas mayores y a la mediación extra o bien intrajudicial, pendientes aún de estudios y regulaciones concretas más elaborados.
[Bloque 2: #ci]
[Bloque 3: #a1]
1. El objeto de esta Ley es regular en el campo de la Comunidad Autónoma de Aragón los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos previos al proceso para quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto eludir el conflicto procesal o bien examinar la aptitud de la pretensión.
2. La finalidad de la Ley es garantizar la cobertura de los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos a aquellas personas que por ciertas de sus peculiaridades personales o bien económicas no puedan sufragar el coste de aspectos relacionados con el asesoramiento y orientación derivados del derecho a la tutela judicial efectiva.
3. Los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos son un servicio social público.
4. Los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos comprendidos en el campo de esta Ley son el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes, el Servicio de Asesoramiento Jurídico Personalizado a Mujeres y el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.
[Bloque 4: #a2]
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende como asesoramiento y orientación jurídicos las consultas y tramitaciones jurídicas y administrativas, las que, en cualquier caso, habrán de ser anteriores, diferentes o independientes de cualquier procedimiento judicial en que la intervención de letrado sea preceptiva.
Asimismo, los turnos de guardia van a ser aquellos sistemas de organización del servicio que conlleve la necesaria presencia o bien ubicación para su personación en un breve lapso de tiempo de letrados especializados en la materia con el objetivo de prestar los servicios a las personas que requieran de asesoramiento y orientación jurídicas desde el mismo instante en que se ponga de manifiesto esa necesidad.
La organización del servicio para prestar turnos de guarda será establecida en la normativa de desarrollo correspondiente.
[Bloque 5: #a3]
Tienen derecho a los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratis regulados en esta Ley:
a) Los inmigrantes que se encuentren en algún ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón y se hallen en situación de riesgo de exclusión social.
b) Las mujeres residentes en Aragón, incluyéndose expresamente en este derecho los servicios previstos en la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
c) Los internos recluidos en centros penitenciarios situados en esta Comunidad Autónoma, sin recursos económicos suficientes, y los menores internos en centros de reforma situados en Aragón.
[Bloque 6: #a4]
Quedan excluidos del campo de aplicación de esta Ley los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos que requieran intervención preceptiva de letrado, desde el instante en que se manifieste tal necesidad.
[Bloque 7: #a5]
1. Los Colegios de Abogados de Aragón van a ser los encargados de regular y organizar a través de sus Juntas de Gobierno los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratis incluidos en esta Ley, garantizando en cualquier caso su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficacia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su predisposición, todo ello de forma coordinada con el departamento de la Administración autonómica competente en materia de Justicia.
2. Los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratis van a ser prestados por abogados agremiados en ejercicio y adscritos a tales servicios y con acreditada experiencia y formación especializadas, conforme con los criterios establecidos por los Colegios de Abogados de Aragón, desarrollando su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las reglas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales en este campo.
3. Los Institutos de Abogados de Aragón establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos servicios complementarios por turnos, así como los medios para la designación de los profesionales especializados. Dichos sistemas van a ser públicos.
4. Los Colegios de Abogados van a contar con un turno de guarda permanente, con presencia física o bien localizable de los letrados, y a predisposición de los servicios durante las veinticuatro horas del día, para la atención conveniente y complementaria a los servicios de asistencia y orientación jurídicas a mujeres y a inmigrantes.
[Bloque 8: #a6]
El Gobierno de Aragón subvencionará con un carácter finalista y con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación y prestación de los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos por los Institutos de Abogados de Aragón.
El importe de dichas subvenciones finalistas se destinará a cubrir tanto las actuaciones profesionales previstas en esta Ley por la parte de los letrados adscritos a los servicios como el coste que produzca a los Colegios de Abogados de Aragón la organización y el funcionamiento operativo de los servicios.
[Bloque 9: #ci-2]
[Bloque 10: #a7]
1. El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes consiste en un Servicio de consultas y tramitación jurídica para inmigrantes sobre derecho de extranjería, derecho migratorio y de protección internacional, para todo trámite administrativo con aplicación de la normativa reguladora de extranjería, de esta forma para cualesquiera de sus recursos en vía administrativa y cualquier otra tramitación administrativa que se deban realizar en la Comunidad Autónoma de Aragón en orden a asegurar su protección jurídica como ciudadanos.
2. Quedan expresamente incluidos los servicios de asesoramiento y la tramitación de asuntos relacionados con menores extranjeros desde el momento en que sean tutelados por la Administración de la Comunidad Autónoma.
3. Igualmente quedan incluidos el asesoramiento y tramitación únicamente en materia de extranjería de temas relacionados con presos extranjeros internos en los centros penitenciarios existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho asesoramiento y tramitación será prestado en los propios centros penitenciarios.
[Bloque 11: #a8]
Para adscribirse a este Servicio, los letrados deberán tener una experiencia profesional y formación en materia de derecho de extranjería y protección internacional y derecho migratorio por norma general de por lo menos 3 años, que se acreditarán por los respectivos Colegios de Abogados de Aragón frente al Gobierno de Aragón, tras la superación de la formación especializada que en cada instante estos establezcan.
[Bloque 12: #a9]
1. La prestación del Servicio se realizará en dos fases, de consultas iniciales y de tramitación.
2. El servicio de consultas iniciales, tras estudiar el campo material de la consulta, determinará si esta se incluye en las peculiaridades del Servicio regulado en esta Ley y si el sujeto cumple los requisitos subjetivos exigidos, derivándolo en su caso al servicio de tramitación.
3. El servicio de tramitación va a recibir el expediente autorizado por el servicio de consultas iniciales y efectuará la tramitación efectiva del tema en cuestión.
4. El letrado adscrito al servicio de tramitación se encargará del tema encomendado desde sus orígenes hasta su finalización, y efectuará cuantas gestiones profesionales sean precisas para el cumplimiento de la tramitación asignada.
Los Colegios de Abogados de Aragón, a fin de garantizar la unidad de defensa, procurarán la designación de ese mismo letrado en aquellos procedimientos de intervención letrada preceptiva cuando el extranjero cumpla los requisitos subjetivos para acceder a la asistencia jurídica gratuita.
[Bloque 13: #ci-3]
[Bloque 14: #a1-2]
1. El Servicio de Asesoramiento Jurídico Personalizado a Mujeres incluye la orientación jurídica puntual y gratuita en los temas que la demandante plantee. Del mismo modo entenderá la formación precisa y el apoyo preciso para la realización de los trámites de petición para la asistencia jurídica gratuita.
2. Quedan excluidas, en todo caso, del ámbito de actuación de los letrados que prestan el servicio de asesoramiento personalizado la tramitación directa de asuntos, la redacción de cualquier género de documento o la recomendación de profesionales.
3. El Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado conllevará también la organización de un servicio de turno de guarda especial en todos los partidos judiciales de Aragón para aconsejar a la mujer víctima de cualquier violencia desde el instante anterior a la interposición de la demanda o querella.
4. Este Servicio se regulará con el Instituto Aragonés de la Mujer u otro órgano de la Administración autonómica competente en materia de mujer, y estará sujeto a control por la parte del Gobierno de Aragón para garantizar la correcta coordinación y prestación del Servicio.
[Bloque 15: #a1-3]
El Servicio de Asesoramiento Jurídico Individualizado a Mujeres va a deber prestarse por letrados colegiados en el ámbito de los respectivos Colegios profesionales.
Los letrados van a deber acreditar una experiencia profesional de cuando menos 3 años y ser todos ellos especialistas en derecho civil y penal. Además, van a deber contar todos ellos con conocimientos específicos en materia de violencia contra la mujer y de igualdad de género, que se acreditarán por los respectivos Colegios de Abogados de Aragón frente al Gobierno de Aragón, tras la superación de la formación especializada que en todos y cada momento estos establezcan.
Los Institutos de Abogados de Aragón, en coordinación con el Gobierno de Aragón, van a organizar el Servicio con total libertad, teniendo presente siempre la necesidad de poder prestarlo en todas las Regiones aragonesas incluidas en el campo de sus Colegios.
[Bloque 16: #ci-4]
[Bloque 17: #a1-4]
El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria facilita información, orientación y asistencia jurídica sobre legislación penitenciaria, régimen disciplinario, cumplimiento de penas y medidas judiciales y derechos por norma general a todos y cada uno de los reos que se encuentren internos en los centros penitenciarios situados en Aragón, así como a los menores de edad internados en centros de reforma situados en esta Comunidad Autónoma.
También orientará sobre situaciones de carácter jurídico que pudiesen dar lugar a designación de letrado del turno de oficio en los ámbitos civil, laboral y administrativo. Del mismo modo, el Servicio pretende facilitar la designación de abogados por el turno de oficio cuando esta no haya sido automática y progresar la comunicación con los abogados de oficio ya designados cuando esta no hubiera sido posible.
[Bloque 18: #a1-5]
Para adscribirse a este Servicio, los letrados deberán tener una experiencia profesional de cuando menos tres años y contar todos ellos con conocimientos concretos en derecho penitenciario, que se acreditará por los Colegios de Abogados de Aragón ante el Gobierno de Aragón, tras la superación de la formación especializada que en todos y cada momento estos establezcan.
[Bloque 19: #a1-6]
El Servicio necesariamente se prestará en el centro penitenciario de internamiento o en el centro de reforma, en dependencias adecuadas para la comunicación personal y reservada del interno con el abogado.
[Bloque 20: #a1-7]
Siempre con la debida autorización de la persona privada de libertad, el letrado que le asista en este Servicio tendrá derecho a acceder al contenido del expediente personal penitenciario, como al protocolo de personalidad, con traslado de copia de los informes y documentos contenidos en el mismo, y en especial los que traten sobre su situación procesal, penitenciaria y de salud y consten en el expediente.
El mismo derecho se ostentará, y con las misma condiciones, para el acceso al expediente personal del menor interno en cualquier centro de reforma.
[Bloque 21: #da]
Anualmente, los Institutos de Abogados de Aragón publicarán en sus portales electrónicos la memoria anual de las actividades efectuadas y van a hacer entrega de ellas a las Cortes de Aragón para su presentación en la Comisión eficiente en la materia.
[Bloque 22: #da-2]
El Gobierno de Aragón, en ejercicio de sus competencias en materia de régimen local, podrá establecer acuerdos con las Administraciones locales que muestren interés para establecer mecanismos de cooperación y permitir la gestión de los Servicios contemplados en esta Ley en el ámbito territorial de cada una de ellas.
[Bloque 23: #da-3]
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en esta Ley se comprenderán asimismo referidas a su pertinente femenino.
[Bloque 24: #dt]
Aquellos Servicios que tengan contrato en vigor con algún departamento del Gobierno de Aragón proseguirán ejecutándose durante el plazo acordado hasta que concluya su vigencia, sin la posibilidad de aplicar prórroga alguna. Aquellos que estuvieran en periodo de prórroga finalizarán esta sin que se les pueda pactar otra prórroga suplementaria.
[Bloque 25: #df]
Cuando, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y por requerimiento judicial o bien obligación legal, deban ser designados un abogado y, en su caso, un procurador de los Tribunales del turno de oficio, en cualquier orden jurisdiccional, que deban aceptar la defensa y representación de la persona física o bien jurídica, siempre y cuando se acredite la insuficiencia de recursos económicos, exista declaración judicial de insolvencia o bien se encuentre en situación de concurso de acreedores, se asimilará su situación a la de los adjudicatarios de asistencia jurídica gratis, teniendo sus derechos idéntico alcance a lo establecido en la normativa estatal.
[Bloque 26: #df-2]
El Gobierno de Aragón, anterior consulta con los Institutos de Abogados de Aragón, desarrollará reglamentariamente los Servicios contemplados en esta Ley, entendiendo que, mientras, las prescripciones técnicas particulares de los concursos adjudicados en vigor o bien los contratos de adjudicación servirán de normativa de desarrollo de los servicios ya existentes.
[Bloque 27: #df-3]
Esta Ley entrará en vigor por mes de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
[Bloque 28: #fi]
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, diecinueve de octubre de 2017.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán Montañés. abogado extranjeria
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